El Learjet oficial está desde el sábado en Florida, Estados Unidos Una 
jueza bonaerense ordenó un allanamiento al aeropuerto de San Fernando, 
pero no pudo registrar la aeronave.
Sorpresa e incertidumbre. Así tomaron en el Gobierno la orden de 
allanamiento librada por una jueza federal bonaerense al aeropuerto de 
San Fernando, para así requisar varios aviones, entre los que se 
encuentra una de las aeronaves oficiales de la Provincia. 
La 
medida se cumplió durante la jornada del miércoles en la estación 
bonaerense, utilizada habitualmente para vuelos empresariales y 
particulares. Allí es donde aterriza y desde donde despega el Learjet 
60XR, matrícula LV-CKA, cada vez que el gobernador Juan Manzur viaja hacia la Capital Federal. 
En el oficio diligenciado a la Policía Federal, la titular del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Alicia Vence, pidió que se registren seis aviones en una causa que investiga tráfico de drogas, y que data de 2005.
La
 orden de allanamiento habilitaba a “proceder e inspeccionar el 
aeropuerto, sus dependencias privadas o anexas y/o hangares, como 
también a toda persona que se encuentre presente allí, con el propósito 
de requisar las aeronaves identificadas con las matrículas LV-CKA, 
LV-CIO,LV-CKK, LV-CRB y LV-FUT”. Vence también pidió información de los 
registros de vuelo, escalas, destinos, reparaciones, servicios y 
pasajeros, entre otros datos.
La primera de esas identificaciones
 corresponde al último avión adquirido por la Provincia, en 2011, 
durante el final del segundo mandato de José Alperovich. El 30 de
 noviembre de 2010, la Legislatura autorizó en sesión la compra directa 
del avión Learjet 60 XR-S/N 327, por hasta U$S, 7,8 millones, a la 
empresa Bombardier Aerospace Corporation, sita en Texas, Estados Unidos.
 De acuerdo al cambio de la plaza local de ese momento (la moneda de 
Estados Unidos se cotizaba a $ 4), esta cantidad significaban unos $ 
31,2 millones. Sin embargo, el precio final de la operación por la 
aeronave (tenía tres años de uso en ese año) fue más elevado. El decreto
 4.280/3, dictado por Alperovich el 9 de diciembre de 2010 autorizó el 
pago de $ 32,5 millones ($ 1,3 millones más que lo aprobado por la 
Legislatura), aunque el monto final creció todavía más, debido a los 
alrededor de $ 4,4 millones en intereses a pagar por el crédito otorgado
 por el Banco Tucumán (agente financiero de la provincia). Así, la suma 
total ascendió a $ 36,9 millones.
Cuando la Policía Federal fue a
 buscar el avión de Tucumán en San Fernando, se dieron con que no 
estaba. Según confirmaron desde la Casa de Gobierno, el Learjet 60 XR 
partió el sábado hacia el estado de Florida, en Estados Unidos, para un 
service de rutina ya programado. En esa zona, afectada ahora por el paso
 del huracán Mathew, se encuentra el director de Aeronáutica, Luis Rosa. 
Ayer,
 el gobernador Manzur se refirió escuetamente a la medida judicial. 
“Estamos a disposición de la Justicia. Tienen que investigar y vamos a 
ayudar en todo, hay que caerles con todo el peso de la ley”, señaló sin 
dar mayores precisiones sobre el expediente judicial. 
Según pudo
 averiguar LA GACETA, la causa que investiga la jueza Vence tiene sus 
raíces en 2012. El expediente, conocido como “Soja blanca”, recobró 
notoriedad este año, cuando en marzo fue detenido el estudiante 
universitario porteño Alejandro Damián Arrighi Carril (33 años) 
con 50 kilos de cocaína escondidos en el baúl de un auto Audi A3. Se 
cree que el cargamento, valuado en $ 28 millones, tenía como destino 
España. También fue detenido el presunto proveedor de Arrighi Carril, Oscar Luis Morales
 (63 años) y una jubilada de 73 años.  Morales, empresario sojero del 
sur de Salta, ya había sido noticia en 2005, al ser detenido por la 
Policía Federal en el aeropuerto de Ezeiza con un pasaporte falso y 
197.000 euros escondidos en bolsos de mano. El documento que usó en esa 
ocasión tenía entre 40 y 50 sellos de entrada y salida del país. 
Morales, además, tenía otro pedido de detención pendiente firmado por la
 Justicia Federal de Tucumán.
 La Gaceta
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